Por: Lisset Moreno
La marcha del 8M 2020 en CDMX contó con la asistencia de aproximadamente 80 mil mujeres —sumadas a las diversas movilizaciones a nivel nacional— quienes protestaron para visibilizar la alza de violencia en el país, la impunidad y la nula respuestas de las instituciones. Desde entonces, se han llevado a cabo diversas tomas en espacios físicos, y discusiones en los virtuales.
Durante el último año, el movimiento feminista ha logrado insertarse en la agenda penal haciendo posible la creación y reformación de leyes: la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” fue modificada para señalar los requisitos y difusión de concursos de belleza como violencia simbólica y mediática. Gracias a esto se prohibieron aportaciones gubernamentales a este tipo de certámenes, incluidos los que realizan las comunidades. Las adiciones a la ley también consideran como violencia mediática la exposición, a través de cualquier medio de comunicación, de contenidos que de manera directa o indirecta promuevan estereotipos de género, así como la humillación, explotación, degradación, desigualdad, discriminación o cualquier forma de violencia contra las mujeres. Los cambios se realizaron en febrero de este año.
De igual forma, la Ley Olimpia, impulsada por Olimpia Melo y aprobada en 2019, fue añadida a los códigos penales de 25 estados de la República durante el 2020. Actualmente, más entidades se están sumando a esta legislación que regula la difusión de contenido íntimo en internet sin el consentimiento de la víctima; además, tipifica tales conductas como violación a la intimidad y violencia digital.
La Ley Ingrid fue aprobada el 23 de Febrero del 2021 y engloba modificaciones al artículo 239 del Código Penal local para tipificar como delito la difusión y/o reproducción indebida de contenidos sobre investigaciones judiciales, así como sancionar al servidor público que lo cometa. Esta iniciativa lleva el nombre de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio a manos de su pareja sentimental en 2020.
No podemos olvidar a Marcela Alemán quien el 3 de Septiembre del 2020 se ató a una silla en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, en el centro histórico de la CDMX) para exigir justicia por su hija Lya, víctima de abuso sexual. Al día siguiente, la CNDH fue tomada por colectivas feministas que entregaron un pliego petitorio al Gobierno Federal solicitando acciones gubernamentales en apoyo de las mujeres, tales como: servicios médicos y acceso a medicamentos, entrega de despensas, programa de empleo, subsidio para la Alerta de Violencia de Género en siete estados de la República, el retiro de la campaña “Cuenta hasta Diez”, y poner fin al discurso de descalificación del movimiento feminista.
El jueves 10 de Septiembre, de manera pacífica, la CNDH de Ecatepec también fue tomada en exigencia a la resolución de expedientes olvidados. Durante la madrugada del viernes, las mujeres fueron desalojadas y detenidas por la policía con uso de fuerza. Integrantes de la toma, así como fotógrafas y periodistas, denunciaron agresiones. El Gobierno de Atizapán se deslindó de las acusaciones y durante la noche del viernes fueron puestas en libertad; Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Guerrero, Campeche, Aguascalientes, Michoacán, Veracruz y Morelos realizaron una toma simbólica en apoyo a la protesta de la CDMX. Hasta el día de hoy, la toma sigue vigente en la Okupa de la calle República de Cuba.
Durante octubre del 2020, diputados echaron para atrás la ‘tasa cero’ que proponía un 0% de IVA en toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, sin embargo, el pasado 2 de Marzo del 2021 el Congreso de Michoacán aprobó la Ley de Menstruación Digna, la cual establece que tendrá que fomentarse la educación menstrual y se facilitará el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual.
En diciembre del 2020 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a los partidos que 7 de 15 candidaturas a gubernaturas en juego durante el 2021 sean para mujeres, con el argumento de que las mujeres han vivido una violencia y exclusión sistémica en México y por lo tanto se debe impulsar que tengan mayor presencia en la vida pública.
En Julio del 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto de modificación al Código Penal de Veracruz para despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia, propuesta que resultaba histórica para el país y que de ser aprobada tendría la oportunidad de aplicarse en otros estados. Meses antes, de manera virtual, en Guanajuato comenzaron las mesas de trabajo para buscar la despenalización del aborto. Días posteriores, la propuesta fue negada. De igual forma, en Marzo de este año (2021) el Congreso de Quintana Roo rechazó el dictamen con reformas para la despenalización del aborto, por lo que parte de la agenda feminista de este año consiste en seguir impulsando propuestas que garanticen nuestros derechos reproductivos.
La protesta y activismo feminista, físico y virtual, han respaldado estas acciones en el último año, en favor de las mujeres mexicanas. Muchas nos quedamos en casa debido al COVID -19, pero desde ahí seguimos y seguiremos accionando para promover una vida digna para todas las mujeres: incomodar con la protesta, en favor de los derechos humanos de las mujeres, siempre significará un avance social pues así se moverán las estructuras que sostienen al sistema machista que ha negado a las mujeres por siglos. •
Mexicana de Arte 