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En un comunicado presentado este jueves, la Federación Mexicana de Ombudspersons, la CNDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) expresaron su «preocupación de la aprobación el día de hoy por parte de la Cámara de Diputados de la eliminación del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, destinado a implementar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo como consecuencia de su labor».

Recordando que «quienes defienden los derechos humanos y ejercen la libertad de expresión en México enfrentan una situación de riesgo marcada por la violencia y las amenazas», las instituciones vinculadas a la publicación hicieron lista de las cifras de los riesgos que comunicadores y activistas experimentan en la actualidad. México es, según datos de la UNESCO, el segundo país con más periodistas asesinados, precedido solamente por Irak.

Durante los años 2019 y 2020, México concentra 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO en dicho periodo. En 2019, la ONU-DH documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores; mientras que en lo que va del año la ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos. Por su parte, Sin Embargo enlistaba 133 comunicadores entre 2000 y 2020 mientras BBC en Español habla de 144 con datos de la misma CNDH.

En el desarrollo del documento —disponible en el sitio de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos— se hace hincapié en la necesidad de las garantías para la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Según relatan, México ha recibido 425 recomendaciones de 27 organismos e instancias de derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano. «Sólo en 2018 los países participantes en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizaron 21 recomendaciones a México relativas al Mecanismo de Protección, 17 de ellas relacionadas con la necesidad de dotar al mismo de los recursos adecuados para garantizar su eficacia», apuntan.

Consideran además que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas «ha sido la principal respuesta institucional a esta situación de violencia y constituye un marco normativo para que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger, promover y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en México», sin olvidar que «el actual fideicomiso, Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha demostrado ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país». •